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15/03/2010

Comparecencia de la Confederación de Prejubilados y Pensionistas
ante la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso

CEPYP reclama la supresión de las penalizaciones vitalicias a la jubilación anticipada

• La Confederación ofrece su colaboración para realizar un cálculo ajustado sobre el impacto financiero que supondría la supresión de los coeficientes reductores a la jubilación anticipada

• Exige una ley que regule la representación social del colectivo de prejubilados y pensionistas

• Acusa al Estado de utilizar de forma indebida el Fondo de Reserva de la Seguridad Social

• Argumenta que “la pensión de viudedad no puede convertirse en una prestación asistencial”


Madrid, XX de XX de 2010.- La Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP) ha exigido a la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo la eliminación de las penalizaciones económicas que soportan más de un millón y medio de personas que se han jubilado antes de los 65 años. La organización, que agrupa a las asociaciones y federaciones más representativas del país y que ha comparecido hoy ante la Comisión parlamentaria, considera que ha llegado el momento de suprimir el carácter vitalicio de los coeficientes reductores que se aplican a los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada.

El presidente de CEPYP, Iñaki Vicente, ha manifestado en su comparecencia en el Congreso que los preconstitucionales coeficientes reductores, establecidos en 1967, han perdido la justificación que tuvieron en su momento, y que hoy no son más que penalizaciones abusivas para quienes se ven abocados, por prejubilaciones o despidos, a buscar el sustento a través de la jubilación anticipada.

“El incremento de la carga financiera que supone para el sistema el pago de estas jubilaciones anticipadas, durante 5 años como máximo, en modo alguno justifica que se apliquen reducciones de hasta el 40% de la pensión a razón de un 8% anual, más allá del límite de los años de anticipo”, ha asegurado Iñaki Vicente. En esta línea, ha solicitado que todos los jubilados anticipados no voluntarios cobren el 100% de sus pensiones a partir de los 65 años, siempre que hayan cotizado más de 35 años.

En opinión de la Confederación, “el coste financiero de la eliminación de los coeficientes reductores a partir de los 65 años no superaría la cifra de 3.000 millones de euros anuales, cantidad perfectamente asumible por la Tesorería de la Seguridad Social, si tenemos en cuenta que cerró el año con más de 14.000 millones de euros de superávit”.

En cualquier caso, CEPYP ha ofrecido a la Comisión su colaboración para realizar un cálculo ajustado sobre el impacto financiero que supondría la supresión de las penalizaciones, “porque no tenemos ninguna duda de que, si existe voluntad política, el dinero no será un obstáculo insalvable para encontrar una solución”.

Iñaki Vicente recordó que en sistemas de Seguridad Social similares al nuestro, como es el caso de Francia, hace ya varios años que se ha legislado la jubilación anticipada sin reducción alguna para aquellos trabajadores con largas carreras de cotización, “rindiendo un homenaje al valor del trabajo y primando su contribución al sistema”.

Uso indebido del Fondo de Reserva

Mención especial ha tenido el uso que se está haciendo de los ingresos de la Seguridad Social, “sin el conocimiento y la aprobación de sus legítimos titulares”.

“Es lamentable constatar –ha dicho el presidente de CEPYP– que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que tan positiva evolución ha tenido en los últimos años, superaría los 300.000 millones de euros si el Estado hubiera devuelto o al menos reconocido las cantidades utilizadas para cubrir gastos ajenos al Sistema”. Según la Confederación, los cotizantes han financiado el pago de complementos a mínimos o la construcción de hospitales, posteriormente cedidos a las comunidades autónomas, que deberían haber sido pagados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. “Pero no sólo no se devuelve el dinero empleado indebidamente, sino que se anuncia que se seguirá pagando los complementos a mínimos hasta el año 2013”.

Vicente ha puntualizado que “más que un uso indebido de los recursos, esta situación debería considerarse una apropiación indebida de cerca de 250.000 millones de euros que deberían haberse desembolsado con cargo a los Presupuestos o, en el peor de los casos, estar reconocidos como deuda contraída para posibles situaciones futuras de reducción del Fondo de Reserva, como vaticinan algunos analistas”.

Representatividad

El presidente de CEPYP ha aprovechado su comparecencia ante la Comisión para solicitar la elaboración de una ley que regule la representatividad de prejubilados y pensionistas. “Son las organizaciones democráticamente elegidas las que deben participar como agentes sociales en todos aquellos foros e instituciones donde se traten los asuntos que directamente nos afecten, para la defensa y promoción de nuestros intereses económicos y sociales”.

En palabras de Vicente, “desde los poderes públicos se nos dice que son los sindicatos mayoritarios nuestros representantes. Evidentemente no lo son, pero sinceramente, tampoco son nuestros rivales. Simplemente su campo de actuación es diferente. Según la ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, su labor está en la defensa de los intereses económicos y sociales de aquellos que están sujetos a una relación laboral. Pero nuestro contrato está extinguido, por lo que no pueden interponerse ni sustituirnos ante las empresas ni ante las instituciones públicas”. “Además –ha señalado– , por un elemental principio democrático, si no podemos elegirlos por carecer nosotros de relación laboral, los sindicatos no pueden representarnos, salvo que usurpen nuestra representación y esa ficción sea aceptada por los poderes públicos”.

Viudedad

En relación con las pensiones de viudedad, el presidente de CEPYP ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que un derecho de los contribuyentes se convierta, en algunos casos, en una mera prestación asistencial.

“En una Legislatura en la que la mayoría parlamentaria elimina el Impuesto sobre el Patrimonio”, ha señalado, “no nos parece el momento más oportuno para arrebatar un derecho a los trabajadores. Vicente ha defendido un incremento de estas pensiones por encima de la media, la elevación de la base reguladora para su cálculo hasta el 70% y que se mantenga como pensión contributiva.